Iniciativa busca proteger a grupos vulnerables frente al incremento alarmante de despojos ilegales y redes delictivas.
Un paso hacia la justicia para los más vulnerables
El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) presentó una iniciativa para adicionar el artículo 395 Bis al Código Penal Federal, proponiendo penas de 6 a 10 años de prisión y multas de 500 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización para quienes cometan el delito de despojo de inmuebles en contra de personas mayores de 60 años o con discapacidad.
Circunstancias agravantes incluidas en la propuesta
- Uso de documentos falsos: Personas que presenten documentos apócrifos para simular la propiedad del inmueble.
- Simulación de actos de autoridad: Usurpadores que se hagan pasar por notarios, ejecutores o notificadores para intimidar a las víctimas.
- Participación de servidores públicos: Funcionarios que utilicen indebidamente datos personales o colaboren con redes delictivas en despojos ilegales.
Justificación de la iniciativa
El diputado Montalvo Luna argumenta que el despojo de inmuebles ha aumentado alarmantemente en México, impulsado por:
- Redes delictivas organizadas: Grupos que operan con violencia para desalojar y apropiarse de propiedades.
- Vacíos en la regularización de tierras: Situaciones legales ambiguas que son aprovechadas por delincuentes.
- Falsificación de documentos: Estrategias utilizadas para legitimar el despojo de propiedades.
Señala que las personas mayores y con discapacidad son especialmente vulnerables, a menudo despojadas por familiares o engañadas mediante actos de intimidación. Además, la colusión de servidores públicos y la falta de sanciones severas han fomentado la impunidad.
Impacto social y económico del despojo de inmuebles
- Violación de derechos patrimoniales: Afecta la seguridad y el bienestar de las víctimas, muchas de las cuales pierden su único hogar.
- Aprovechamiento de la crisis habitacional: La baja oferta de vivienda en el país facilita la venta de inmuebles obtenidos ilícitamente.
- Desconfianza en las instituciones: La participación de funcionarios públicos en estos delitos agrava la percepción de impunidad.
Protección especial a grupos vulnerables
La iniciativa reconoce que las personas mayores y con discapacidad enfrentan mayores riesgos debido a su limitada capacidad para defender su patrimonio. La propuesta busca:
- Garantizar una sanción severa: Contra quienes aprovechen la vulnerabilidad de estas personas para cometer despojos.
- Reforzar la seguridad patrimonial: Protegiendo a las víctimas de actos de intimidación, violencia y engaño.
- Castigar la colusión: Penalizando la participación de servidores públicos y redes delictivas.
Conclusión
La adición del artículo 395 Bis al Código Penal Federal es una respuesta necesaria para enfrentar un problema creciente que afecta a miles de familias mexicanas. Con esta reforma, se busca no solo sancionar a los responsables, sino también prevenir futuras violaciones patrimoniales, especialmente contra los sectores más vulnerables de la sociedad.
¿Qué opinas de esta propuesta para proteger a las personas mayores y con discapacidad? ¿Qué otras medidas podrían reforzar la lucha contra el despojo de inmuebles? 💬
