La diputada Verónica Martínez García, del PRI, propuso modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para otorgar las mejores condiciones de desarrollo a las niñas y niños que nazcan mientras sus madres están en prisión, y eliminar todo riesgo que amenace su futuro.
La iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 10, 44 y 116 del citado ordenamiento, establece que las niñas y niños que permanezcan con su madre privada de la libertad en algún centro penitenciario podrán hacerlo hasta que cumplan los tres años de edad. La separación se realizará de manera gradual y bajo la supervisión de un especialista en psicología.
Supervisión psicológica y régimen de visitas
El especialista deberá emitir un dictamen que recomiende un régimen de visitas y convivencia entre el menor de edad y su madre interna durante los días de visitas familiares, estableciendo sus términos. Además, se deberá procurar en todo momento la conservación del vínculo emocional entre ambos.
Custodia y atención integral
La custodia de las niñas y niños que sean separados de su madre y salgan del centro penitenciario se otorgará a:
Un familiar designado por la madre.
Un albergue de la Fiscalía General de la República o de la entidad federativa correspondiente.
Una organización de la sociedad civil certificada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En todos los casos, la autoridad encargada deberá garantizar la atención psicológica recomendada y coordinarse con quien tenga la custodia del menor.
Condiciones en los centros penitenciarios
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, durante su estancia en algún centro penitenciario, las niñas y niños deberán recibir:
Alimentación adecuada.
Atención pediátrica.
Espacios para recreación y actividades didácticas que favorezcan su sano desarrollo.
Diagnóstico y estadísticas
El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, señala que el Estado tiene la obligación de proteger el interés superior de la niñez. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH):
En 2023 había 344 niñas y niños en estas condiciones.
En 2022, 346; en 2021, 343; en 2020, 128; en 2019, 362; y en 2018, 436.
La diputada alertó sobre la problemática en algunos centros penitenciarios donde se permite la estancia de niñas y niños mayores de la edad permitida, como en Guerrero, donde menores de hasta 12 años permanecen en estos entornos.
Impacto social y psicológico
Martínez García advirtió que el ambiente penitenciario expone a las niñas y niños a:
Violencia constante.
Hacinamiento e insalubridad.
Factores criminógenos.
Esto puede generar graves alteraciones psicológicas y sociales, afectando su desarrollo integral, especialmente cuando alcanzan edades en las que son conscientes de su entorno.
La iniciativa busca garantizar un desarrollo sano para las niñas y niños en estas condiciones, privilegiando su bienestar y velando por su interés superior.
