La iniciativa busca sancionar con hasta seis años de prisión a quienes presenten denuncias falsas con pruebas fehacientes de su falsedad.
• Diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) destaca el impacto negativo de estas denuncias en la justicia y la igualdad de género.
• Reforma al Código Penal Federal busca evitar el abuso del sistema judicial y proteger a víctimas reales.
Ciudad de México.- La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) presentó una iniciativa para reformar el artículo 248 bis del Código Penal Federal, con el propósito de tipificar de manera expresa el delito de denuncia falsa, diferenciándolo de la falsedad en declaraciones y estableciendo sanciones proporcionales para evitar el abuso del sistema de justicia.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, establece que quien interponga una denuncia sobre hechos que no han ocurrido y existan pruebas fehacientes de su falsedad, podrá recibir una pena de dos a seis años de prisión y de 100 a 300 días multa.
Impacto de las denuncias falsas en la impartición de justicia
La diputada Rejón Lara enfatizó que la denuncia es un mecanismo esencial para que las víctimas de delitos obtengan justicia. Sin embargo, cuando se usa de manera irresponsable, tiene un doble impacto negativo:
- Desperdicia recursos de las autoridades, desviando esfuerzos de procuración de justicia hacia investigaciones sin fundamento.
- Vulnera los derechos de personas injustamente acusadas, afectando su vida personal, social y laboral.
“Existen casos donde la denuncia se convierte en un medio de venganza, extorsión o manipulación. Esto no solo afecta a los inocentes, sino que también daña la credibilidad del sistema judicial y puede desincentivar denuncias legítimas”, señaló la legisladora.
Cierre a vacíos legales y protección de derechos
Actualmente, el Código Penal Federal contempla sanciones por falsedad en declaraciones en los artículos 247 y 247 Bis, pero no regula de manera específica la presentación de denuncias falsas ante el Ministerio Público u otras instancias judiciales. Este vacío legal permite que quienes abusan del sistema judicial no enfrenten consecuencias claras.
Con esta reforma, se busca garantizar que la sanción por denuncias falsas sea neutral y aplicable a cualquier persona, sin distinción de género, evitando sesgos que puedan generar percepción de impunidad o discriminación en el acceso a la justicia.
Además, la diputada advirtió que la proliferación de denuncias infundadas provoca un desgaste social y mediático en las instituciones judiciales, afectando la confianza en el sistema y reduciendo la eficiencia en la atención a víctimas legítimas.
La iniciativa refuerza el compromiso con la equidad y la transparencia en la justicia, asegurando que el sistema se utilice para proteger a quienes realmente lo necesitan y sancionando a quienes lo usen con fines ajenos a su propósito legítimo.
