La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones al Código Penal Federal, con el propósito de tipificar la usurpación de identidad como un delito específico y establecer penas de hasta 10 años de prisión para quienes lo cometan.
La propuesta plantea incluir un capítulo denominado “Usurpación de Identidad” y un artículo 390 Ter, que define este delito como la obtención de datos personales de un tercero con el objetivo de suplantar su identidad, ya sea para obtener un beneficio, perjudicar a la víctima, o cometer otros actos ilícitos.
De acuerdo con la iniciativa:
La diputada Elizondo Guerra destacó que la usurpación de identidad afecta a miles de mexicanos, no solo en términos patrimoniales, sino también mediante el acceso y uso indebido de información personal y privada.
En la actualidad, el delito se perpetra a través de:
Un informe de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) subraya que los fraudes cibernéticos bancarios son una de las modalidades más recurrentes, permitiendo a los delincuentes acumular cifras millonarias. Estos fraudes incluyen trampas mediante mensajes, llamadas y redes sociales que buscan obtener datos sensibles de cuentas bancarias.
A nivel federal, México carece de una legislación específica para sancionar la usurpación de identidad. Actualmente, solo 16 estados han tipificado este delito en sus ordenamientos jurídicos:
Aunque el derecho a la identidad está plenamente reconocido en la Constitución Política, no existe un marco normativo uniforme a nivel nacional que permita frenar el creciente número de casos de usurpación de identidad.
La diputada enfatizó la urgencia de legislar en esta materia, dado el aumento exponencial de casos que afectan a los ciudadanos y la falta de herramientas legales suficientes para protegerlos.
“Es imperativo detener los abusos cometidos contra las y los mexicanos mediante esta práctica delictiva que afecta su patrimonio, su privacidad y su seguridad,” afirmó Elizondo Guerra.
La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, con la intención de avanzar en la creación de un marco jurídico que proteja de manera más eficaz a las personas frente a este delito.
La propuesta no solo busca sancionar a los perpetradores, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de garantizar la seguridad y el derecho a la identidad en el entorno digital y físico.
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