Con el objetivo de proteger los recursos de los trabajadores destinados a su jubilación, la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (Morena) presentó una iniciativa para reformar el artículo 19 de la Constitución Política. La propuesta busca establecer que el Ministerio Público pueda solicitar prisión preventiva oficiosa en los casos de delitos cometidos por quienes participen en los sistemas de ahorro para el retiro y atenten contra el patrimonio de los trabajadores.
Armendáriz Guerra calificó como “aberrante” el robo de los ahorros de los trabajadores, los cuales son fundamentales para garantizar un retiro digno. La diputada destacó la magnitud del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que actualmente administra 6 billones 29 mil 146 millones de pesos, equivalentes al 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Además, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), estos fondos podrían alcanzar los 9.2 billones de pesos para el año 2050, lo que representaría el 47% del PIB.
La legisladora subrayó la importancia de que el sistema sea regulado y vigilado por el Estado, considerando su trascendencia para la economía nacional y su función como un servicio de seguridad social. En este sentido, argumentó que es necesario implementar controles más estrictos y transparentes para garantizar el manejo adecuado de estos recursos, en línea con la propuesta de reforma a la Ley del SAR en materia de un retiro digno.
Actualmente, el artículo 19 de la Constitución permite que el Ministerio Público solicite prisión preventiva sólo cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para asegurar el desarrollo del juicio o proteger a la víctima y a la comunidad. Además, establece prisión preventiva oficiosa para delitos graves como abuso sexual contra menores, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, corrupción, entre otros.
La iniciativa de Armendáriz Guerra propone agregar a esta lista de delitos los “cometidos por los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro que atenten en contra del haber de retiro de los trabajadores”, con el fin de garantizar la seguridad de los recursos que los mexicanos han acumulado durante su vida laboral.
Con esta propuesta, la legisladora busca no sólo reforzar la protección de los fondos de retiro, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de castigar severamente a quienes pongan en riesgo el patrimonio de los trabajadores.
