Iniciativa busca reforzar sanciones y frenar la deforestación en el país
El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y endurecer las sanciones contra la tala ilegal de árboles, imponiendo penas de seis a 12 años de prisión y multas de hasta seis mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, subraya que la tala ilegal es una de las mayores amenazas para los ecosistemas mexicanos, afectando no solo los recursos naturales, sino también la calidad de vida de las comunidades, la estabilidad social y la economía del país.
“Las sanciones actuales no disuaden eficazmente a los responsables, lo que genera un ambiente de impunidad y deja a las comunidades afectadas en total desamparo”, enfatizó Manzanilla Téllez.
Tala ilegal: un problema ambiental y de seguridad
El diputado recordó que en 2023 se reformaron los artículos 418, 419 y 423 del Código Penal Federal, aumentando las penas por tala ilegal. No obstante, argumentó que estas medidas han resultado insuficientes, ya que según datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cada año se devastan cinco mil hectáreas de bosques debido a la tala clandestina.
La iniciativa destaca que este delito no solo representa un riesgo ambiental, sino que también está vinculado con el crimen organizado, el despojo de tierras y la violencia en comunidades rurales.
“La tala ilegal no solo destruye ecosistemas, sino que se ha convertido en una fuente de financiamiento para grupos delictivos que controlan el tráfico de madera y amenazan la seguridad de comunidades enteras”, advirtió el legislador.
Impacto de la deforestación en desastres naturales y calidad de vida
El proyecto también señala que la deforestación intensifica desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos de tierra, mientras que en zonas urbanas afecta la calidad del aire y la disponibilidad de agua, elementos esenciales para la salud y el bienestar de la población.
“Es urgente adoptar medidas contundentes para enfrentar estos desafíos ambientales y sociales. Proteger nuestros bosques es una prioridad que no puede seguir postergándose”, concluyó Manzanilla Téllez.
La iniciativa será analizada por la Comisión de Justicia, donde se debatirá su viabilidad y posible aprobación.
