La iniciativa busca reformar el Código Penal Federal para elevar las sanciones hasta en un 50%.
• Se incorporaría el uso de violencia, amenazas e intimidación como agravantes del delito.
• En México, la extorsión es el tercer delito más frecuente y presenta una impunidad cercana al 100%.
Ciudad de México.- Con el objetivo de endurecer las penas contra la extorsión y brindar mayor protección a grupos vulnerables, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) presentó una iniciativa para reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, aumentando hasta en un 50% la pena cuando el delito sea cometido contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores o indígenas.
Extorsión con agravantes y penas más severas
Actualmente, la ley establece una sanción de dos a ocho años de prisión y de 40 a 60 días de multa para quienes obliguen ilegalmente a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial.
La propuesta de reforma amplía la definición del delito de extorsión, estableciendo que este ocurre cuando una persona “mediante violencia, amenazas, intimidación o cualquier medio de coerción” busca obtener un lucro o causar daño patrimonial, físico o psicológico a la víctima. Además, se prevé que en todos los casos se garantice la reparación del daño y el acompañamiento integral a la víctima.
Si la extorsión es cometida por miembros de grupos delictivos o desde el interior de un reclusorio, la pena se duplicaría, buscando atacar una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Extorsión: un delito con alta incidencia e impunidad
El diputado Mejía Berdeja argumentó que la extorsión es uno de los tres delitos más comunes en México, solo después del fraude y el robo. En 2024, la tasa de prevalencia delictiva fue de 23,323 víctimas por cada 100,000 habitantes, con una impunidad cercana al 100% de los casos.
“La extorsión no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que altera su estabilidad emocional y su percepción de seguridad. Se trata de un delito que ha evolucionado con el tiempo, pero cuya tipificación legal no se ha actualizado en 30 años”, subrayó el legislador.
La iniciativa, que ha sido turnada a la Comisión de Justicia, busca adecuar el marco legal a las nuevas modalidades de extorsión y reforzar la protección de los sectores más vulnerables, cerrando espacios de impunidad y endureciendo las penas para quienes se lucran con el miedo y la violencia.
