En una sesión histórica, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada de 332 votos a favor, 119 en contra y cero abstenciones, las reformas constitucionales que extinguen siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La decisión busca concentrar funciones y simplificar la estructura del Estado, pero no sin generar un debate acalorado entre legisladores y especialistas.
¿Qué implica la reforma?
El dictamen establece la creación de una nueva autoridad técnica e independiente en materia de competencia económica, que asume las funciones clave del IFT y Cofece. Este organismo estará enfocado en garantizar la libre competencia, combatir monopolios y regular mercados estratégicos como telecomunicaciones y radiodifusión. A su vez, las funciones de los órganos extintos serán redistribuidas entre diversas secretarías de Estado.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) destacó que esta nueva entidad permitirá mayor eficacia en las investigaciones y sanciones, fortaleciendo los beneficios para los consumidores. Asimismo, se proyecta que esta reestructuración liberará alrededor de 15 mil millones de pesos del presupuesto público, destinados a sectores prioritarios como educación, salud, el campo y universidades, incluida la UNAM.
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila subrayó la importancia de mantener la independencia técnica de las funciones críticas, argumentando que esta reforma busca optimizar recursos y revertir lo que calificó como un “desmantelamiento del Estado nacional” perpetrado por privatizaciones previas.
Resistencia y preocupaciones
A pesar de las modificaciones al dictamen, algunos legisladores expresaron su preocupación por los riesgos que representa centralizar las decisiones en competencia y telecomunicaciones bajo el control del Ejecutivo Federal. La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre (MC) advirtió que esta medida compromete la autonomía de los organismos, transformándolos en extensiones del gobierno.
Otros opositores, como la bancada del PAN, señalaron que estas reformas podrían debilitar el marco de regulación independiente que ha sido esencial para mantener mercados balanceados y fomentar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Un golpe presupuestario y estratégico
La reasignación de recursos por 15 mil millones de pesos destaca como uno de los argumentos más sólidos para la reforma. Según los legisladores de Morena y el PT, esta medida permitirá atender prioridades sociales y económicas urgentes, desde infraestructura educativa hasta programas de apoyo al campo.
Sin embargo, también se plantea una reflexión sobre el impacto a largo plazo en términos de gobernanza y transparencia. La independencia del IFT y Cofece ha sido un pilar para garantizar mercados libres y evitar prácticas monopólicas. Centralizar estas funciones podría generar cuestionamientos sobre su eficacia y credibilidad.
El mensaje en telecomunicaciones y libre competencia
La reforma también tiene implicaciones en sectores estratégicos como telecomunicaciones y radiodifusión. La nueva autoridad tendrá la capacidad de regular de manera asimétrica a los participantes, imponer límites a la concentración de frecuencias y ordenar la desincorporación de activos en casos de monopolios. Estas facultades, aunque diseñadas para proteger la competencia, requerirán de un escrutinio constante para garantizar su aplicación justa y equilibrada.
El mensaje es claro: el gobierno busca consolidar el control sobre sectores clave de la economía, argumentando que ello permitirá un mayor bienestar social. Sin embargo, la transición no estará exenta de retos técnicos, legales y políticos.
¿Qué sigue?
Con el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, el siguiente paso es su discusión y eventual ratificación en el Senado. En caso de concretarse, México entrará en una nueva etapa en la que el balance entre eficiencia, control estatal y autonomía será clave para determinar los resultados de esta reestructuración histórica.
