Ante la crisis de escasez de agua y el aumento de tomas clandestinas en diversas regiones del país, la diputada Flora Leal Méndez ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Durango y sancionar con severidad el robo y distribución ilegal de agua potable. En su propuesta, la legisladora plantea penas de dos a seis años de prisión, además de una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes realicen estas actividades sin la autorización de las autoridades.
Durante su intervención, Leal Méndez destacó la urgencia de frenar el llamado “huachicoleo de agua”, que afecta a miles de personas y ha surgido como una práctica ilegal debido a la escasez del recurso en varias zonas. La reforma propone incluir un capítulo específico en el Código Penal que tipifique y sancione los delitos relacionados con el servicio público de agua potable, reforzando así el combate al robo de este recurso vital.
“Hemos detectado múltiples tomas clandestinas que operan ilegalmente desde hace tiempo”, expresó la diputada, quien, en representación de la Coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación,” enfatizó la necesidad de una regulación penal clara que permita sancionar efectivamente a quienes incurren en estas actividades.
La legisladora también señaló que, aunque el Código Penal actual contempla sanciones para ciertos casos relacionados con el uso ilegal del agua, estas no han sido suficientes para frenar el problema. La reforma, según Leal, busca cerrar este vacío legal y fortalecer la protección del acceso al agua, garantizando el suministro para la población de manera equitativa y segura.
