En una sesión marcada por el intercambio de posturas, diputadas y diputados de diversos partidos discutieron el dictamen que propone la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La reforma busca transferir sus funciones a dependencias de la Administración Pública Federal con el objetivo de optimizar recursos y evitar duplicidades.
Argumentos a favor: eficiencia y austeridad
Desde Morena, el diputado Mario Miguel Carrillo defendió la propuesta como un paso hacia la simplificación gubernamental. Según Carrillo, se trata de integrar las funciones de los organismos en las dependencias federales para maximizar los recursos y garantizar un uso eficiente del gasto público.
En la misma línea, la diputada Olga Sánchez Cordero señaló que las funciones de los organismos no desaparecerán, sino que serán fortalecidas dentro de un marco más eficaz y menos costoso para el erario. “Esto no es concentrar poder, sino regresar el control al Estado para que cada acción tenga un impacto directo en la ciudadanía”, expresó.
El PVEM también respaldó la reforma. El diputado Alejandro Pérez Cuéllar calificó la medida como una “transformación necesaria” que eliminará duplicidades y permitirá que los recursos públicos se destinen a servicios prioritarios. Por su parte, la diputada Liliana Carbajal destacó que el dictamen garantiza derechos ciudadanos mientras racionaliza el gasto.
Desde el PT, Ricardo Mejía Berdeja afirmó que la reforma fortalecerá un Estado eficiente y evitará gastos innecesarios. Subrayó que el objetivo es recuperar un modelo de gobernanza más fuerte y menos oneroso.
Críticas: centralización y riesgos a la autonomía
Por otro lado, la oposición advirtió sobre los riesgos de concentrar poder en el Ejecutivo. La diputada Noemí Luna, del PAN, destacó que el costo de los organismos autónomos es mínimo en comparación con el presupuesto federal, pero su labor es crucial para garantizar la transparencia y rendición de cuentas. “Eliminar estas instituciones es abrir la puerta a los monopolios y cerrar espacios de participación ciudadana”, afirmó.
Desde el PRI, Nadia Navarro calificó la propuesta como regresiva, señalando que los organismos autónomos son esenciales para proteger derechos fundamentales y asegurar un equilibrio entre el gobierno y la sociedad. “Esta decisión abona a la opacidad y destruye competencias técnicas consolidadas con el tiempo”, aseguró.
Una reforma polarizante
El dictamen plantea cambios que impactarían áreas clave como la transparencia, la competencia económica y la regulación educativa, energética y social. Según sus defensores, la medida es parte de una reestructuración necesaria para optimizar el aparato gubernamental. Sin embargo, sus detractores alertan sobre el debilitamiento institucional y los riesgos de una mayor centralización del poder.
El debate continúa en la Cámara de Diputados, donde las voces a favor y en contra reflejan la complejidad de una decisión que podría redefinir el modelo de gobernanza en México. Mientras tanto, la reforma sigue su camino legislativo, dejando abiertas preguntas sobre su impacto en el balance entre eficiencia y autonomía.
