La Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo en la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente para continuar el análisis de la iniciativa que propone expedir una nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, enviada por la titular del Ejecutivo Federal. La sesión fue recesada y se reanudará este martes 26 de marzo a las 9:00 horas, en modalidad semipresencial.
La iniciativa también contempla reformas a la Ley de Austeridad Republicana, así como a las leyes de Economía Social y Solidaria y de Sociedades Cooperativas, por lo que el análisis requerirá un enfoque integral, según explicó el presidente de la Comisión, diputado Jesús Valdés Peña (Morena). La decisión de mantener la sesión abierta busca garantizar la incorporación de aportaciones de todos los integrantes antes de emitir la opinión final.
En la misma reunión ordinaria, la Comisión aprobó por unanimidad su opinión favorable sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030. La diputada Alma Rosa De la Vega Vargas destacó que el documento alinea los objetivos del gobierno con los principios de la economía social y el cooperativismo, “poniendo al pueblo en el centro del desarrollo”.
Señaló que el plan impulsa sectores estratégicos como la agroindustria, el turismo sustentable y la manufactura nacional, con el objetivo de generar empleos dignos y fortalecer la producción local. Además, consideró que refleja una voluntad clara de armonizar el marco legal con las realidades económicas de las comunidades.
La Comisión también aprobó su primer informe semestral de actividades, donde se destaca el trabajo legislativo enfocado en fortalecer el modelo de economía social como herramienta de desarrollo regional y justicia económica.
La diputada Tatiana Tonantzin Ángeles Moreno subrayó que las acciones emprendidas se alinean con las políticas de la presidencia y la Secretaría de Economía, reconociendo el papel del cooperativismo como eje transformador del modelo económico nacional.
Con estos avances, la Comisión ratifica su compromiso de legislar con visión social y seguir construyendo un marco jurídico que promueva el desarrollo equitativo y sostenible desde lo comunitario.
La economía social no solo es alternativa, es también camino hacia un México más justo, productivo y solidario.
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