La amenaza no vino de un opositor doméstico ni de un comentarista marginal, sino de un magnate con megáfono global. Esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno “está considerando” un camino legal contra Elon Musk, después de que el empresario sugiriera en X que la mandataria responde a “jefes de los cárteles”, al hilo de un video donde ella rechaza volver a una “guerra contra el narco” al estilo de sexenios anteriores (Reuters, 2026; El País, 2026). En la misma línea, Sheinbaum minimizó el peso de las voces de “opinólogos” y subrayó que su brújula política es la percepción ciudadana sobre resultados y acciones de gobierno (El Financiero, 2026).
El episodio sería un choque de épocas: el Estado-nación frente al poder de plataforma. En términos de comunicación política, un juicio —o incluso el anuncio de que se explora— sirve como señal: no se normalizará que la figura presidencial sea asociada con crimen organizado sin sustento. En términos jurídicos, sin embargo, el terreno es más resbaloso. Si se pretende demandar por difamación, el caso se enfrenta a dos problemas clásicos: jurisdicción y umbral probatorio. Musk publicó en una red global; Sheinbaum gobierna un país. ¿Dónde se litiga? ¿Con qué ley? ¿Y bajo qué estándar, considerando que la figura pública suele tener un umbral más alto para reclamar por daño reputacional? (Reuters, 2026). A eso se suma un dilema de reputación: una demanda puede ser presentada como defensa institucional, pero también como intento de “silenciar” crítica, aun cuando la acusación sea temeraria.
Sheinbaum parece apostar por la asimetría moral: no es lo mismo disentir que imputar control criminal sin evidencia. En su narrativa, las acusaciones de “narcogobierno” no se sostienen frente a las acciones del Estado contra organizaciones delictivas (Reuters, 2026; El País, 2026). La estrategia es políticamente comprensible: convertir una insinuación en un debate sobre resultados, y un ataque personal en una discusión sobre legitimidad. Pero el precedente que se abriría —si se formaliza una acción legal— va más allá de un pleito de redes: sería una prueba sobre hasta dónde un gobierno puede llevar a tribunales la guerra contemporánea de la reputación, y si hacerlo fortalece el Estado de derecho o alimenta el ciclo de polarización digital.
Al final, el costo-beneficio no se medirá solo en sentencias. Se medirá en el mensaje al mercado de la conversación pública: si un jefe de Estado puede (y debe) judicializar la desinformación de alto impacto, o si la arena correcta para responder a una plataforma es otra plataforma —con datos, narrativa y control del timing. Por ahora, Sheinbaum dejó la puerta entreabierta: “lo están viendo los abogados” (El Financiero, 2026). En política, esa frase ya es parte del veredicto.
