La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, un dictamen que modifica la naturaleza jurídica de las “empresas productivas del Estado” para convertirlas en “empresas públicas del Estado”. La iniciativa fue respaldada por una mayoría calificada de 353 votos a favor, 122 en contra y cero abstenciones.
El dictamen implica reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, con el objetivo de asegurar que la empresa pública del Estado mantenga su predominio en el sector eléctrico. A pesar de la aprobación en lo general, se reservó la discusión en lo particular de la totalidad de los artículos del proyecto de decreto.
Estas reformas garantizan que las leyes definirán la forma en que los particulares podrán participar en otras actividades de la industria eléctrica, siempre y cuando estas no prevalezcan sobre la empresa pública del Estado. El propósito principal de esta entidad es cumplir con su responsabilidad social, asegurando la continuidad y accesibilidad del servicio eléctrico para la población.
El presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, al leer un resumen del dictamen, explicó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones será el encargado de otorgar concesiones en materia de radio y telecomunicaciones. Sin embargo, se prohíbe el otorgamiento de concesiones cuando se trata de litio, una de las áreas estratégicas que el Estado gestionará de manera exclusiva. Asimismo, detalló que no se considerarán monopolios las funciones del Estado en relación con el litio y los servicios de internet provistos por el mismo.
La reforma también prioriza el establecimiento de políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y la reducción de impactos ambientales. El Estado liderará esta transición utilizando de manera sustentable las fuentes de energía disponibles en el país, con la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar la seguridad energética.
Durante la sesión, el Pleno desechó dos mociones suspensivas presentadas previamente. Una de ellas, impulsada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC), argumentaba que la reforma podría encarecer el costo de la electricidad y aumentar la contaminación para los mexicanos. “Hoy pretenden aprobar una reforma energética tóxica que profundiza la emergencia climática”, advirtió Ballesteros Mancilla.
Para la discusión en lo particular, los grupos parlamentarios reservaron la totalidad de los artículos del proyecto de decreto, lo que anticipa un debate detallado sobre los aspectos específicos de las modificaciones propuestas.
