La diputada Sandra Amaya Rosales, de la Coalición Parlamentaria “Cuarta Transformación”, presentó una iniciativa para reforzar la protección del patrimonio inmobiliario de mujeres y personas adultas mayores, estableciendo mecanismos de restitución provisional y aumentando las sanciones contra el despojo.
Puntos clave de la propuesta
Restitución inmediata: El Ministerio Público podrá solicitar de forma urgente la devolución provisional del inmueble despojado, siempre que existan indicios suficientes, con especial énfasis en casos que afecten a mujeres o mayores de 60 años.
Penas más severas:
Se eleva la pena mínima de prisión de 3 meses a 6 años.
La sanción máxima pasa de 5 a 12 años de cárcel.
Se añaden agravantes específicos cuando la víctima sea mujer, persona mayor o integrante de grupos vulnerables (madres solteras, comunidades indígenas, personas en situación de pobreza).
Violencia estructural: Se reconoce al despojo que afecta a mujeres adultas mayores como una forma de violencia estructural, reforzando el derecho humano a la vivienda y combatiendo la impunidad.
Motivos de la iniciativa
La reforma busca frenar los despojos detectados en Durango, donde la falta de acción estatal ha obligado a algunas víctimas a tomar la justicia por mano propia, exponiéndolas a procesos penales.
Amaya Rosales subraya que “ninguna persona vulnerable debe quedar desamparada por la inacción de las autoridades”; la ausencia de herramientas legales ha revictimizado históricamente a quienes pierden su hogar.
Se pretende cerrar brechas de protección a favor de las familias duranguenses, en línea con los principios de justicia social y derechos humanos promovidos por la Cuarta Transformación.
Con esta iniciativa, el Congreso busca ofrecer una respuesta ágil, efectiva y sensible a las necesidades de quienes, por edad, género o condición socioeconómica, se encuentran en mayor riesgo de perder su patrimonio.
