La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), aprobó por unanimidad el dictamen que reforma y armoniza diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como un exhorto dirigido a las fiscalías generales estatales para que presenten sus Informes Públicos Anuales conforme a la normatividad vigente.
Impulsada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena), la reforma consiste en actualizar las referencias al “Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” para que se denomine correctamente “Tribunal Federal de Justicia Administrativa” en los artículos 1°, 1-A, 2°, 12, 30, 35, 48, 50-A, 56 y 57.
“Esta armonización legislativa fortalece la certeza jurídica y elimina ambigüedades en la aplicación e interpretación de la ley”, señaló Mejía Berdeja.
También se aprobó un punto de acuerdo propuesto por la diputada María Lorena García Jimeno Alcocer (PAN), para exhortar a las fiscalías de 17 entidades que no han cumplido con la entrega o publicación de sus informes anuales de gestión.
📍 Entidades señaladas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán.
“La autonomía no exime a las fiscalías de rendir cuentas. La transparencia es una obligación constitucional”, enfatizó Mejía Berdeja.
En asuntos generales, se informó que las comisiones unidas de Transparencia y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación serán responsables de llevar a cabo el proceso para designar al titular del Órgano Interno de Control del INEGI, conforme al acuerdo de la Jucopo.
La propuesta final se enviará a más tardar el 29 de abril
Se votará en el Pleno el 30 de abril
La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) pidió no apresurar el proceso para asegurar perfiles idóneos, mientras que Elena Edith Segura Trejo (Morena) remarcó que se trabajará con agilidad y responsabilidad.
Finalmente, fue rechazada una iniciativa que proponía reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por considerarse improcedente.
🧭 La Comisión reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas, la legalidad y la transparencia en las instituciones del país.
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