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• Las diputadas Karina del Río Zenteno e Irma Juan Carlos proponen adicionar la fracción XXXIV al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
• La iniciativa apunta a que la SEP garantice enseñanza, preservación y difusión de las lenguas indígenas en todos los niveles educativos.

Con el objetivo de asegurar el pleno ejercicio de los derechos educativos de los pueblos originarios y afromexicanos, las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno e Irma Juan Carlos (Morena) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La propuesta plantea:

  1. Adición de la fracción XXXIV al artículo 38, para atribuir a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la responsabilidad de garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe en los niveles básicos, media superior y superior, conforme al artículo 2° constitucional.

  2. Incorporar la enseñanza, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas dentro del Sistema Educativo Nacional, reconociendo su valor cultural y su papel en la cohesión social.

En la exposición de motivos, las legisladoras subrayan que la reforma atiende el mandato de la reforma del artículo 2° constitucional (30 de septiembre de 2024), que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la libre determinación, autonomía y a modelos de educación pluricultural.

Beneficios esperados

  • Impulsar políticas educativas interculturales y plurilingües que reconozcan y valoren la diversidad de México.

  • Promover la formación de profesionales indígenas y el diseño de programas comunitarios adaptados a contextos culturales específicos.

  • Fortalecer el marco jurídico para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y respetuosa de la riqueza lingüística nacional.

Las diputadas coincidieron en que esta adecuación normativa es “un compromiso ético y social con los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo reconocimiento y desarrollo integral son esenciales para el progreso de la nación”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para su estudio y dictamen.