La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT), aprobó con 22 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones el dictamen de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la sesión, Mejía Berdeja enfatizó que el propósito fundamental de esta norma es aliviar la carga económica y temporal que hoy enfrentan los ciudadanos al interactuar con la administración pública.
Mejía Berdeja explicó que la ley se sustenta en tres ejes: la simplificación y digitalización de los servicios públicos; la supresión de trámites innecesarios y duplicados; y la garantía de plena transparencia en toda gestión gubernamental. Para ello, se propondrá el uso de la plataforma Llave MX como sistema único de autenticación vinculada a la CURP, un expediente digital único que evite la repetición de requisitos y una ventanilla única digital desde la cual podrán cursarse todos los trámites de forma remota, segura y fiscalizable.
Otro avance clave será la homologación de procesos en los tres órdenes de gobierno a través de un catálogo único nacional de trámites y la coordinación permanente entre autoridades locales y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Según Mejía Berdeja, esta medida permitirá combatir la corrupción administrativa al reducir el contacto presencial —y con ello las “mordidas” y el cohecho—, al tiempo que moderniza el Estado y coloca al ciudadano en el centro de la gestión pública.
Durante el debate, se registraron votos particulares y reservas de diversos partidos. Morena defendió la reforma como un antídoto contra el “tortuguismo” y el “coyotaje”; el PAN advirtió sobre posibles abusos y riesgos al federalismo; el PRI planteó inquietudes en materia de protección de datos y concentración de poder; y MC, PVEM y PT subrayaron los avances en agilidad, transparencia y erradicación de prácticas burocráticas nocivas. Las reservas se turnarán al Pleno una vez que el dictamen sea remitido a la Mesa Directiva.
Con esta aprobación, la iniciativa da el siguiente paso hacia su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde se prevé incorporar ajustes y validar el voto particular antes de su envío al Senado.
