Proponen reformas legales para agilizar inscripciones, convalidar estudios y eliminar trabas administrativas.
Con el objetivo de asegurar el acceso pleno a la educación para las y los mexicanos repatriados, el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) propuso una iniciativa que reforma las leyes generales de Población y de Educación. Su propuesta plantea mecanismos concretos para facilitar su reincorporación al sistema educativo nacional.
Educación sin exclusión
La iniciativa establece que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con autoridades educativas federales y locales, deberá implementar estrategias que agilicen la inscripción, convalidación de estudios previos y la oferta de programas educativos adaptados a las necesidades particulares de los repatriados.
La reforma también promueve el acceso equitativo a modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia, asegurando condiciones justas de participación en todos los niveles educativos.
Revalidación sin interrupciones
En el caso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes, la Ley General de Educación deberá garantizar procesos de revalidación flexibles que tomen en cuenta su situación específica. Mientras se concluye dicho proceso, los estudiantes podrán continuar sus estudios sin interrupción, protegiendo así su derecho a la educación continua.
Documentos: el principal obstáculo
El legislador subrayó que uno de los principales desafíos que enfrentan las personas repatriadas es la falta de documentos oficiales como el acta de nacimiento, la CURP o constancias de estudios, lo que les impide acceder a servicios esenciales, especialmente la educación pública.
“La Constitución y los tratados internacionales garantizan el acceso a la educación, pero en la práctica, las trabas administrativas derivadas de la falta de documentación siguen siendo un muro para quienes regresan a México en situación de vulnerabilidad”, advirtió Rodríguez Barroso.
Educación como base para la reintegración
El documento —turnado a las comisiones unidas de Gobernación y Población, y de Educación— sostiene que la ausencia de soluciones efectivas compromete el ejercicio del derecho a la educación e impide la integración social y económica de los repatriados.
“El reto no es solo jurídico, sino humano: garantizar que cada mexicano, sin importar dónde haya vivido, pueda volver a su país con la certeza de que tendrá un lugar en las aulas”, concluyó el legislador.
