La volatilidad de la moneda mexicana, que ha sido un tema recurrente en los últimos meses, tomó un giro significativo tras las elecciones del 2 de junio, cuando la supermayoría de Morena en el Congreso de la Unión se perfiló como un hecho inminente. Este escenario político ha intensificado las especulaciones y preocupaciones tanto en el sector privado como entre los aliados comerciales internacionales de México, principalmente Estados Unidos y Canadá. Un factor clave detrás de esta volatilidad y las preocupaciones asociadas es la Reforma Judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Elecciones del 2 de junio y la supermayoría de Morena
Las elecciones del 2 de junio se convirtieron en un punto de inflexión para el panorama político mexicano. Con el partido gobernante Morena consolidando su poder en ambas cámaras del Congreso, se creó el marco ideal para avanzar en la agenda legislativa del presidente López Obrador, entre ellas, la Reforma Judicial. La supermayoría no solo facilita la aprobación de reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición, sino que también permite a Morena impulsar cambios estructurales de gran envergadura, como la mencionada reforma judicial.
Este cambio legislativo tiene implicaciones directas en el ámbito económico, principalmente en la estabilidad del peso mexicano. Los mercados financieros reaccionan con sensibilidad ante cualquier señal de cambio en el equilibrio de poder y la dirección de políticas, especialmente aquellas que podrían alterar la certidumbre jurídica o las reglas del juego para las inversiones.
¿Qué propone la Reforma Judicial?
La Reforma Judicial propuesta por el presidente López Obrador incluye varios cambios de gran calado, pero el más controvertido es la elección de jueces y magistrados por voto popular. Según el gobierno, esta medida busca democratizar el sistema judicial, acercando a los jueces al pueblo y haciéndolos más responsables ante sus decisiones. Sin embargo, esta iniciativa ha generado fuertes reacciones en diversos sectores.
Preocupaciones del Sector Privado y los Aliados Comerciales
El sector privado ha expresado su preocupación de que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia del Poder Judicial, uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del Estado de derecho. En un entorno donde los jueces deban ser elegidos por voto popular, existe el riesgo de que las decisiones judiciales se vean influenciadas por criterios políticos o populistas, en lugar de basarse en la ley y la justicia. Este temor no es exclusivo de los empresarios mexicanos, sino que también ha sido compartido por aliados internacionales clave de México, como Estados Unidos y Canadá.
En agosto, las embajadas de ambos países emitieron declaraciones que, aunque diplomáticas, manifestaron claramente su preocupación por el impacto que la reforma podría tener en la democracia mexicana y en la seguridad jurídica de los tratados comerciales, como el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá). Para los aliados comerciales de México, la existencia de un sistema judicial fuerte e independiente es crucial para garantizar que las reglas del juego en los negocios e inversiones transfronterizas se respeten y apliquen de manera justa.
Protestas en el Poder Judicial
Otro sector afectado directamente por esta reforma es el propio Poder Judicial mexicano. Desde el anuncio de la reforma, miles de trabajadores del sistema judicial, incluidos jueces y magistrados, han salido a las calles en protestas y bloqueos para expresar su desacuerdo con los cambios propuestos. La judicialización del voto es percibida como una amenaza a la independencia de los jueces, quienes podrían verse sometidos a presiones políticas o populares.
Los trabajadores del Poder Judicial sostienen que la reforma atenta contra el principio fundamental de la separación de poderes, garantizado en la Constitución mexicana. Según ellos, permitir que los jueces sean elegidos por voto popular podría convertir al sistema judicial en una extensión de los intereses políticos, debilitando su papel como árbitro imparcial en conflictos legales y constitucionales.
Consecuencias económicas de la volatilidad del peso
La volatilidad del peso mexicano en los últimos meses es un reflejo directo de la incertidumbre política y económica que ha generado la propuesta de reforma judicial. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, tienden a reaccionar de manera negativa ante señales de inestabilidad política, y en este caso, la posibilidad de que se modifique radicalmente la estructura del Poder Judicial ha generado preocupación sobre el futuro de la seguridad jurídica en México.
El peso mexicano ha experimentado fluctuaciones significativas desde las elecciones del 2 de junio, cayendo frente al dólar en varias ocasiones. Esta volatilidad también responde a las percepciones de que, con una supermayoría en el Congreso, el gobierno de Morena tendrá más margen de maniobra para implementar políticas que podrían afectar negativamente a la inversión privada. La relación entre política y economía en este contexto es clara: cuanto mayor es la incertidumbre política, mayor es la aversión al riesgo por parte de los inversionistas, lo que a su vez se traduce en una depreciación de la moneda y una mayor volatilidad en los mercados financieros.