El Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, diseñada para mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos de los 39 municipios, organismos autónomos y el Gobierno del Estado de Durango. Esta ley permitirá que la revisión de cuentas públicas se realice durante el año fiscal en curso, en lugar de ejercicios posteriores, lo que representa un cambio significativo en la supervisión de las finanzas públicas.
Durante la segunda sesión del Periodo Extraordinario de Sesiones, se presentó un dictamen que armoniza la legislación local con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, otorgando nuevas facultades a la Auditoría Superior del Estado (anteriormente EASE). Estas facultades incluyen la revisión de procesos concluidos, investigación de denuncias que puedan implicar daño al patrimonio público, y la utilización de herramientas electrónicas para facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Entre las innovaciones más destacadas, se encuentra la creación de una plataforma electrónica que agilizará los procesos de fiscalización, permitiendo a los servidores públicos realizar notificaciones y otros procedimientos de manera digital. Además, se establecen nuevas figuras como la autoridad investigadora y sustanciadora, así como un Sistema de Registro y Contabilidad Gubernamental.
Diputados de diferentes partidos destacaron la importancia de esta ley para fortalecer la confianza ciudadana en el manejo de los recursos públicos. Alejandra del Valle Ramírez (Morena) subrayó la necesidad de actuar con transparencia y profesionalismo, mientras que Verónica Pérez Herrera (PAN) y Rosa María Triana Martínez (PRI) resaltaron las innovaciones que garantizarán un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos.
Con esta nueva legislación, el Congreso de Durango busca no solo mejorar los procesos de fiscalización, sino también asegurar que aquellos que hagan mal uso de los recursos públicos enfrenten sanciones reales, promoviendo una cultura de rendición de cuentas y combate a la corrupción en beneficio de la ciudadanía.
